INFOBAE
OPINION
Por: Zenon Biagosch
La reciente triple fuga de General Alvear y la tardanza en la captura de los presos, pusieron una vez más en evidencia la clara connivencia existente entre ciertas organizaciones con gran capacidad económica, como el narcotráfico, con determinados sectores de las fuerzas de seguridad y del poder judicial.
Más allá de que dicha connivencia es estructural y por todos conocida, el caso en cuestión tiene la particularidad de la oportunidad de su ocurrencia y de los sujetos involucrados. Claramente fue un hecho con connotaciones políticas cuyos destinatarios son las máximas autoridades a nivel provincial y también nacional. El primer mensaje.
La respuesta a este sistema de dominio mafioso debe ser categórica y abarcar varios frentes a fin de mostrar que existe una clara decisión política ante la insurrección. Llegó la hora de poner en práctica el anuncio presidencial acerca que la lucha contra el narcotráfico será uno de los tres objetivos estratégicos de su gestión.
Hacia una política integral
Esto requerirá de una política integral que intente controlar los flujos derivados de dicho negocio que permita ir infiltrando y desmantelando la estructura económico-financiera capaz de fondear este tipo de acontecimientos.
La misma deberá contar con la participación de muchas instituciones no sólo nacionales sino que provinciales y hasta municipales. Cargar toda la responsabilidad en el organismo con la función primaria en esta materia, tal es la Unidad de Información Financiera (UIF), sería un error, más allá que el mismo debe ser un eslabón central en esa política.
Las fuertes presiones internacionales recibidas desde el 2010, principalmente por parte del GAFI, motivaron la adopción de medidas que reforzaron las facultades otorgadas a la UIF. Entre las más importantes se destacan las de análisis, regulación, supervisión, aplicación del régimen administrativo sancionador, auxiliar y querellante de la justicia, representación frente a los foros internacionales, etc., excediendo en ciertos casos a las que poseen otros organismos foráneos de similar naturaleza.
Es innegable que las mismas fueron ejercidas activamente en los últimos años, poniendo así en funcionamiento un sistema integral de prevención el cual requirió de un gran esfuerzo del sector privado. Ahora bien, con independencia de las críticas que pudieran hacerse a la puesta en marcha de ese sistema, creemos que es momento de trabajar en la efectividad del mismo respetando los aspectos positivos de lo andado.
Para lograr esa efectividad resulta oportuno establecer un plan de acción integral que incluya medidas que seguramente excedan el accionar de la propia UIF. A título de aporte nos permitimos enumerar algunas propuestas:
– Establecer mecanismos de contralor ad-hoc de la propia UIF a fin de fiscalizar su gestión dada sus importantes facultades y la cantidad de sectores que regula. Por caso la formación de una Comisión Bicameral, otorgar mayor injerencia a la AGN, SIGEN y Oficina Anticorrupción, exigencia de reportes e informes con mayor alcance y periodicidad, implementación de un régimen de transparencia haciendo público ciertos criterios y procedimientos utilizados en el ejercicio de sus funciones, etc.
– Establecer mayores exigencias y requisitos para quien la conduzca aplicando estrictas pautas de idoneidad y experiencia. Sería quizás aconsejable que la persona seleccionada no posea una filiación partidaria activa con ningún espacio político en particular y que logre el consenso de las principales fuerzas con representación parlamentaria, hasta incluso con un posible acuerdo del Senado.
– Fortalecer la coordinación con los diferentes organismos de regulación y supervisión primaria hoy existentes (vg. BCRA, CNV, SSN, INAES, AFIP, IGJ) maximizando los recursos y aprovechando la expertise de los mismos. Esto permitirá un mejor ejercicio de cada una de las facultades otorgadas.
– Asimismo con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial a fin de promover investigaciones en un ámbito jurisdiccional. Esto complementado con la creación de fueros especializados en esta materia tanto en ámbitos federales como ordinarios.
– Estructurar un Sistema Federal de Prevención constituyendo por ejemplo Oficinas de Control Patrimonial Provinciales las cuales podrían tener, entre otras, las siguientes responsabilidades: control del estado y evolución de la situación patrimonial de los funcionarios provinciales y municipales incluyendo a las fuerzas de seguridad y al poder judicial, análisis de los proyectos de inversión de determinada envergadura y monitoreo de los movimientos financieros de ciertos sectores económicos que puedan considerarse de mayor riesgo dentro de las provincias (vg. juegos de azar, actividades portuarias, clubes de fútbol, organización de espectáculos, etc.), incorporación de controles específicos en las condiciones de contratación de bienes y servicios, acuerdos con diferentes organismos a fin de contar con información proveniente de distintos registros societarios, inmobiliarios, automotores, de embarcaciones, armas, etc.
– Diseño e implementación de un Plan Provincial de Concientización sobre Narcotráfico y Delitos Económicos con un fuerte soporte del sistema educativo de nivel secundario y universitario.
– Reconvocar a la Comisión Mixta interministerial para el control del lavado de dinero del narcotráfico creada por Ley 24.450, la cual llamativamente no se reúne desde el 2009 siendo que no fue derogada.
– Analizar la posible implementación de ciertos institutos jurídicos novedosos para el control de este tipo de conductas como es por caso la figura de extinción de dominio y también la de ciertas técnicas especiales de investigación comúnmente utilizadas en países como EE.UU..
– En el plano internacional establecer a esta problemática como un eje central de la agenda negativa tanto en las relaciones bilaterales cuanto multilaterales logrando un reposicionamiento ante los foros internacionales más representativos en la materia, tal fue el caso entre los años 1997/1999 oportunidad en que Argentina pasó a ser integrante del Grupo Egmont, miembro observador del GAFI y suscribió memorandos de intercambio de información con las unidades de inteligencia financiera de EE.UU., Francia, España, Italia, entre otras.
En síntesis, el objetivo es ir generando un mejor ambiente de control en nuestro país que sea disuasivo aumentando el costo y el riesgo para las organizaciones delictivas que pretendan operar en nuestra jurisdicción y que aquellos funcionarios insurrectos entiendan los riesgos asociados de su accionar.
No debemos resignarnos y pensar que este fenómeno llegó para quedarse. Con decisión política es posible doblegarlo. Por caso hoy ya la UIF interviene y es querellante en causas judiciales cuyos imputados son organizaciones de alto riesgo. Es muy importante que su conducción tenga el temple y el respaldo político necesario acorde con el logro del objetivo estratégico planteado por el nuevo presidente.
