DIARIO PERFIL

EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenón A. Biagosch // Ex Director del BCRA
23/07/11

Para bien o para mal, el mundo está globalizado y esa realidad se manifiesta, entre otras expresiones, en normas y acciones de organismos multinacionales para prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre esos organismos, se destaca el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad intergubernamental y multilateral que produce recomendaciones, evaluaciones mutuas de países y sanciones.

En octubre de 1996, el gobierno argentino emitió la primera comunicación oficial al GAFI dando cuenta de nuestra intención de ser miembros plenos de ese organismo y de adherir a sus principios y políticas.

Se inició así una larga e intensa negociación y, luego de aceptar sus condiciones de admisión y nombrar por primera vez un coordinador nacional –responsabilidad que tuve el honor de ejercer por un corto plazo–, fuimos invitados a participar en el año 1999 en carácter de observadores, antecedente que derivó en que al año siguiente fuéramos aceptados como miembros plenos, junto a Brasil y México.

Aquella gestión fue parte de una política nacional estratégica y sustentable que, entre otros objetivos, buscaba avanzar hacia el logro de la calificación internacional de investment grade. Implicaba, además, asumir el riesgo que significaba la posibilidad de que se establecieran en nuestro país organizaciones delictivas cuyo poder y accionar, basados en su capacidad económica proveniente de conductas ilegales, podía llegar a ser mayor al de nuestros poderes republicanos. Es decir, se trataba de una política de Estado de largo plazo que trascendiera las administraciones de turno.

El GAFI es uno de los organismos veedores de la transparencia financiera internacional y aplica políticas globales generadas en instancias muchas veces superiores como la OCDE o el G20, para lo que evalúa y califica en forma permanente el cumplimiento de sus 49 recomendaciones. Asimismo, ante un pedido específico del G20 generado a partir de la crisis financiera internacional que agravó las posibles amenazas a la integridad de los sistemas financieros, el GAFI instrumentó un mecanismo de control aún más estricto que el habitual, que define como claves y centrales 16 de sus 49 recomendaciones. Los países que no den cumplimiento pleno al menos a diez de las mismas entran en un procedimiento de vigilancia reforzada, con la posible consecuencia de ser sancionados.

Conforme a la última evaluación realizada por el GAFI en el año 2009, según su discutible visión, nuestro país cumple en todo o en parte 29 de las 49 recomendaciones, en tanto que de las 16 calificadas como claves y centrales sólo cumple 11 parcialmente. Esa evaluación nos sitúa entre los países a los que se clasifica con deficiencias estratégicas en su sistema de contralor, pero que se han comprometido a cumplir un plan de acción, el cual será revisado en el plenario del mes de octubre.

Un dato positivo es que, gracias a la pericia de los representantes del Ministerio de Justicia, en la última reunión plenaria se evitó que se nos hiciera una advertencia aún más grave. Si ése hubiera sido el caso, es probable que el GAFI hubiese instado a que el resto de sus miembros nos aplicaran lo establecido en su recomendación 21°, que, entre otras cosas, impone una vigilancia reforzada de todas aquellas operaciones relacionadas con nuestro país. Por ese camino podría llegar a cuestionarse nuestra membrecía en ese trascendente foro internacional con potenciales consecuencias indeseables también en el ámbito del G20.

Lo que el mundo desarrollado nos está queriendo decir es que lo hasta aquí logrado es necesario, pero no suficiente. Aún no hemos logrado que el sistema funcione como tal.

Más allá de las consideraciones de otra índole que una sanción de ese tipo pudiera suscitar, corresponde analizar sus consecuencias económicas concretas, que no son tenidas en cuenta y pueden afectar el clima de confianza necesario para atraer inversiones. Por ejemplo, imaginar la reacción que suscitaría la noticia de la sanción antes referida en algunos actores económicos, como:
1- Operadores de fondos de inversión internacionales con tenencias de títulos públicos o privados argentinos. Conforme a sus procedimientos internos, ¿podrían mantener o aumentar esas tenencias?
2- Operadores de bancos corresponsales extranjeros que deban liquidar una operación de comercio exterior o realizar una simple transferencia financiera. ¿A qué nuevas exigencias y controles deberían ajustarse?
3- Actores institucionales o individuales que sean potenciales inversores en nuestro país. ¿Concretarían, en este marco, esa decisión de inversión?
4- Calificadoras de riesgo a la hora de evaluar activos financieros originados en nuestro país. ¿Incorporarían a su medición este componente?
5- Agentes locales o extranjeros dedicados a analizar operaciones de financiamiento a nuestras exportaciones. ¿Mantendrían los mismos requisitos y tasas de interés?

De más está decir que esta situación también podría afectar el proceso de retorno a los mercados financieros voluntarios, perjudicando nuestra atracción de inversores con el riesgo de que aumente nuestra tasa de endeudamiento. Para revertir esta situación se requiere, además de una acción ministerial, de una conciencia colectiva que asuma la necesidad de vertebrar una política de Estado que elabore y aplique una estrategia técnico profesional creíble en el plano local e internacional e implementar, mediante un amplio acuerdo público-privado, un régimen consensuado de contralor equilibrado e independiente de vaivenes políticos.

Es clave que esa estrategia incluya señales políticas coincidentes e inequívocas del oficialismo y la oposición respecto de la voluntad compartida de prevenir y combatir estas conductas. Quien crea que nuestro país está exento de la gravedad de las consecuencias de este singular delito se equivoca. No hace falta ser encuestador para darse cuenta de que el narcotráfico y la corrupción, entre otros delitos, están destrozando las generaciones que tendrán la responsabilidad de construir nuestro país a futuro.

Volver al lugar que nos merecemos es una responsabilidad de todos. Nos toque estar en el sector público o en el sector privado, por caso cumpliendo la obligación de informar operaciones sospechosas. Nunca olvidemos que, si de narcotráfico se trata, nuestros hijos pueden ser los clientes de nuestros clientes.