Fernando Di Pasquale Director de la Carrera de Contador Público de la UCA.

Desde hace seis meses, una cruzada sin precedentes está en marcha. Los líderes mundiales hicieron foco en los paraísos fiscales, según el documento elaborado por el G-20 en la reunión de Londres en abril de 2009, donde se coincidió en la adopción de medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, resaltando que ‘la era del secreto bancario se ha acabado‘.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en mayo y ha actualizado en septiembre de 2009 la lista de países considerados paraísos fiscales, mencionando 42 ‘nominados‘ entre países, dominios, jurisdicciones y territorios cuyos regímenes impositivos son considerados de ‘baja o nula tributación‘.

Muchos se han preocupado y ocupado en modificar sus regímenes, llegándose a firmar en los últimos 5 meses más de 100 acuerdos bilaterales de información fiscal, como Mónaco, Cayman, Suiza, Austria, Luxemburgo y Bélgica, que por ello fueron dados de baja de la lista inicial.

La OCDE determina si una jurisdicción o país es paraíso fiscal cuando: (i) no impone impuestos o éstos son sólo nominales; (ii) no hay transparencia; (iii) las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países; (iv) se permite a los no residentes beneficiarse con rebajas impositivas, aún cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

La principal característica es que cuentan con fuertes leyes de protección del secreto bancario, convirtiéndolos en terreno fértil para los evasores impositivos y para las organizaciones que necesitan lavar el dinero de origen delictivo.

Tras décadas de silencio, el presidente de EEUU, Barak Obama, anunció una amplia reforma destinada a ‘luchar contra los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y el traslado de puestos de trabajo hacia el exterior‘, eliminando los beneficios que perciben las empresas y personas que tienen sus cuentas en paraísos fiscales, atacando los vacíos que tienen las leyes fiscales que hacen que la evasión impositiva en el exterior sea, en algunos casos, legal.

Esta cruzada contra los paraísos fiscales siguió tomando fuerza, no solo en los EEUU, sino que adquirió un impulso político sin precedentes a nivel internacional.

Argentina en las reuniones del G-20 puso mucho énfasis también en reclamar un duro combate a los paraísos fiscales, según surge de los discursos de la Presidenta.

El BCRA desde hace ya algunos años estableció recaudos especiales en sus normas de lavado de dinero respecto de las operaciones que se realicen con entidades situadas en países de baja o nula tributación.

Asimismo, en línea con el G 20, emitió en el mes de mayo la Comunicación ‘A‘ 4940 que dispuso el requisito de la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios con destino a la compra de divisas por las operaciones de inversiones directas e inversiones de portafolio de no residentes cuando el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica que resida o que esté domiciliada en dominios ó jurisdicciones que figuren en el Decreto Nº 1.344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. A su vez, la Comunicación ‘A‘ 4949 complementó la anterior incorporando que se insta a los bancos a abstenerse de intervenir en cualquier operación donde existan indicios de que por intermedio de cualquier tipo de triangulación de operaciones, se trate de operar por cuenta y orden de clientes no residentes y/o intermediarios del exterior que no encuadren en los requisitos establecidos por la Resolución 554/09 de la CNV (la cual prohíbe a las sociedades de bolsa, fideicomisos y administradoras de fondos de inversión a realizar operaciones cuando éstas sean efectuadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residen en dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados considerados ‘paraísos fiscales‘).

La contracara de estas medidas es su efecto en la obtención de mayores recursos por parte de los estados para mejorar la educación, salud e infraestructura de las naciones y, asimismo combatir el crimen organizado, sin que importe si el cierre de los paraísos fiscales responde a motivos ideológicos, económicos o finalmente sirve para mejorar abultados déficits fiscales.

El gran desafío del G-20 ahora es poner en marcha un nuevo orden financiero internacional que neutralice y sancione el accionar de los paraísos fiscales y es de desear que se haga en pos del beneficio de la comunidad internacional que, como dice el documento del G-20, exige una solución global.