DIARIO PERFIL

EL ECONOMISTA DE LA SEMANA
Por Zenon A. Biagosch // Ex Director del BCRA

23/09/11 – 10:55

El fenómeno del lavado de dinero es quizás el principal tema de la agenda negativa internacional al cual se le ha asignado mayor cantidad de recursos para su tratamiento por parte de los Estados en los últimos quince años. Ejemplos como el del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con ocho grupos subregionales, los cuales suman más de doscientas membrecías de países que adhieren a sus políticas, o el del Grupo Egmont, el cual agrupa a 120 países, son apenas una muestra de ello.

También es una de las temáticas que han generado mayor cantidad de regulaciones a nivel mundial en ese lapso, requiriendo una importante intervención del sector privado, muchas veces inentendible, en los sistemas de contralor pudiendo afectar derechos individuales y el normal desenvolvimiento de ciertas actividades lícitas.

En tal sentido, resulta importante explicar los fundamentos de esta inusitada intervención para el control de una conducta cuyas consecuencias negativas no siempre son claramente percibidas por el conjunto de la sociedad sino que, por el contrario, hay corrientes de pensamiento que pretenden explicar las bondades de ser flexibles ante dicho fenómeno delictivo.

Magnitud y objeto del fenómeno: delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, armas, influencias, seres u órganos humanos, la explotación de la prostitución, la pornografía infantil y la comisión de secuestros extorsivos cada año generan ganancias por cientos de miles de millones de dólares.

Por dar un ejemplo de ello, según el World Drug Report de 2011 de la Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime), sólo el mercado mundial de opiáceos y cocaína mueve unos US$ 173 mil millones al año, a lo que deben añadirse los fondos generados por la marihuana y las anfetaminas y otros cuantiosos recursos producidos por los demás delitos mencionados.

En todo el mundo –también en la Argentina–, gran parte de esas acciones criminales son planeadas y dirigidas por organizaciones transnacionales cuyos fondos disponibles superan los que administran muchos Estados soberanos en el mundo, lo que les confiere el carácter de verdaderos supra Estados.

A esas organizaciones las guía un objetivo esencial: tener libre acceso y hacer uso irrestricto de sus recursos, parte de los cuales son incluso utilizados para financiar el terrorismo. Para ello se busca simular la licitud de activos originados en hechos delictivos otorgándoles apariencia de legalidad.

El lavado de dinero no es un crimen económico en sí mismo, ya que no busca ganar dinero, sino lavarlo. Más bien podríamos decir que se configura como la economía del crimen. La lógica del blanqueo dista mucho de la racionalidad económica y si perder hasta el 50% de una inversión inicial para un negocio normal es una irreparable catástrofe, conseguir reciclar ese mismo porcentaje de sus ganancias es un éxito para un narcotraficante.

Consecuencias: esta conducta delictiva afecta el orden económico mundial sustrayendo recursos del circuito formal e invirtiéndolos con objetivos opuestos a los económicamente esperables, lo que reduce la tasa de crecimiento internacional. Asimismo, los movimientos financieros con fines de especulación, acumulación u ocultamiento dañan la estabilidad, confianza, transparencia, solidez y credibilidad de mercados como el de capitales, monedas o inmuebles, deteriorando su correcto funcionamiento.

En punto a su afectación al orden político-social, vale refutar a quienes subestiman su efecto dañino y exaltan los supuestos beneficios asociados al ingreso de capitales a una economía, sea cual fuere su origen mediante la ecuación: mayor inversión, mayor trabajo, mayor consumo, mayor prosperidad.

Esa ecuación, aunque en el corto plazo parezca irrefutable, en el mediano o largo plazo lleva a que los supuestos beneficios se transformen en maleficios. Invierten lo necesario para hacer de cada jurisdicción un espacio ideal para sus objetivos, corrompiendo lo que se le interponga e influyendo en las estructuras de toma de decisiones ejecutivas, legislativas y de fiscalización y control. Buscan tomar el poder real o ejercer una influencia decisiva sobre él, haciendo un uso inescrupuloso e irrestricto de sus cuantiosos recursos económicos, a fin de operar con total tranquilidad.

Por lo demás, desde una perspectiva social, quien favorece una operación de lavado es cómplice, lo sepa o no, de vendedores de drogas ilegales, traficantes de armas o personas, explotadores de mujeres y niños sometidos a la prostitución, dirigentes corruptos y del terrorismo. Al respecto, el presidente de México, Felipe Calderón, decía en la reciente Asamblea General de la ONU: “Debemos tener conciencia de que el crimen organizado está matando más gente y más jóvenes que todos los regímenes dictatoriales juntos”.

Frente a la pregunta de si la República Argentina puede ser inmune o escapar a las consecuencias de este fenómeno, lamentablemente la única respuesta es no. Aún no existe una vacuna para obtener dicha inmunidad. Es por eso que resulta necesario un consenso entre el Gobierno y toda la sociedad civil que logre poner en funcionamiento un sistema preventivo y represivo eficiente tendiente a aumentar el riesgo y el costo para quienes pretendan afectarnos.

Para tal fin, resulta muy provechoso ser uno de los únicos tres países sudamericanos que están entre las 34 representaciones existentes en el GAFI. Ello implica una posición de privilegio y liderazgo que debemos aprovechar, al ser uno de los decisores de la estrategia global en esta materia. Ello, como complemento de nuestro rol en el G20.

Arriesgar dicha situación de privilegio que tanto costó lograr sería un grave error. De ahí que resulta acertado asumir y cumplir todos los compromisos que sean necesarios frente a dicho foro internacional para diluir riesgos, tal consideramos es la actual estrategia de nuestro Ministerio de Justicia.

Por fin, aunque se diga metafóricamente que el lavado es un “delito sin víctima” ya que no siempre se percibe con claridad su afectación a derechos individuales, sus víctimas indirectas son todas las personas de bien de una comunidad. Por tanto, las normas para su control –dictadas y ejecutadas con prudencia y equilibrio–, lejos de conducir a una intervención indebida sobre el derecho a la privacidad, son una condición necesaria para proteger la libertad de las personas y luchar contra el delito que las agrede e incluso las mata.