DIARIO PERFIL

EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

Por Zenon A. Biagosch // FIDESnet

22/06/12 – 10:14

La expresión “lavado de dinero” pasó a ser moneda corriente en nuestra jerga cotidiana desde hace algunos años hasta la fecha. Esto denota una conciencia creciente acerca de los daños que dicha conducta puede generar a nuestras sociedades producto de su implacable poder de afectación a los órdenes económico, político e institucional.

Tal circunstancia, sumada a la creciente estimulación por parte del GAFI a que nuestro país adopte medidas de prevención y control alineadas con los estándares internacionales, pareciera haber generado un estimulante consenso interno acerca de la necesidad de encaminarnos hacia una política de Estado en esta materia.

En esa perspectiva, debemos ahondar nuestros esfuerzos en la consolidación de una política que elabore y aplique una estrategia técnica-profesional superadora en el plano local e internacional y que implemente, mediante un amplio acuerdo público-privado, un régimen consensuado de contralor equilibrado e independiente de vaivenes políticos.

Dicho consenso, público-privado, se percibe en diferentes acontecimientos:
Las actualizaciones de nuestras legislaciones tanto en materia de prevención del lavado de dinero como del financiamiento del terrorismo.
El reciente dictado de decretos para instaurar un régimen de monitoreo a la implementación de las leyes antes mencionadas, así como para establecer un mecanismo de inmovilización de fondos a nivel administrativo cuando éstos tengan relación con el financiamiento del terrorismo, cuestión de particular interés por parte del GAFI.
La emisión de una serie de normas administrativas por parte del organismo de regulación primario sobre estos temas (UIF), que fijan las pautas de actuación para todos los involucrados en el sistema de contralor.
La enfática respuesta del sector privado al acatamiento de estas nuevas reglas, incluso por parte de ciertas actividades novatas en convivir con estos controles. Dicha respuesta se ve plasmada por ejemplo en el nivel de movilización de muchos sectores, en sus aportes sobre mejoras normativas y en el nivel de información brindada a la UIF.

En tal sentido, creemos que el GAFI evalúa positivamente dichas respuestas. Tanto las relacionadas con la adopción de políticas públicas, promovidas principalmente por el Ministerio de Justicia, como la adhesión por parte del sector privado.

Muestra de ello es lo acontecido en su reunión plenaria finalizada ayer, en la que hubo claras expresiones de apoyo a nuestro país e incluso algunas manifestaciones explícitas sobre dejar en el olvido la discusión acerca de nuestra condición de miembro pleno. Todo indica que, luego de una revisión in situ, el plenario nos excluiría del grupo de aquellas jurisdicciones con “deficiencias estratégicas”.

Ahora bien, lo hecho hasta aquí es necesario pero no suficiente. El gran desafío venidero es demostrar que nuestro sistema funciona. No sólo con un adecuado sistema represivo que nos permita obtener condenas en firme, sino también con uno de carácter preventivo generador de un ambiente de control que aumente el costo y el riesgo para aquellas organizaciones delictivas que pretendan instalarse en nuestro país.

Dicho sistema deberá tener también las características necesarias que otorguen garantías a quienes obran de buena fe. Es decir, deberá estar dotado de transparencia, previsibilidad, coherencia en el tratamiento de las diferentes realidades de los sectores involucrados y disposición de los recursos necesarios y, principalmente, ser apolítico.

Este camino hacia la construcción de una verdadera política de Estado debe también ser coherente con el tratamiento de ciertas conductas asociadas a este delito, tal es el caso del narcotráfico, por ser éste el principal generador del dinero que se lava en el mundo. En ese marco apelamos a la prudencia de nuestros legisladores acerca de la actual discusión parlamentaria relacionada con la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Asimismo cabe destacar que nuestra región también avanza hacia políticas de estas características. Merece una mención especial la estrategia nacional recientemente anunciada por la República Oriental del Uruguay. El plan tiene veinte objetivos, entre los que se destacan armonizar el marco legal, fortalecer el control del sistema financiero y del resto de los actores, y fortalecer la transparencia de las personas y las estructuras jurídicas.

La presencia de su presidente Mujica a cargo del anuncio muestra la importancia política asignada a dicha iniciativa. Asimismo no deja de ser aleccionador de ciertos países centrales que amparan paraísos fiscales que, en general, albergan fondos al menos no declarados ante los fiscos.

Esa tendencia regional fortalece la idea de que nos encontramos en presencia de un nuevo imperialismo sin identidad, cuya principal característica es su poder de corrupción sustentado en una gran capacidad económica. Quien crea que nuestro país está exento de ser colonizado por esas organizaciones se equivoca.

Ahora bien, como ya mencionamos en artículos anteriores, quien no se involucre en la lucha contra dicho imperialismo estará colaborando a construir una sociedad resignada a que nuestras generaciones venideras convivan con el crimen organizado.