EL CRONISTA / 03-05-11
Zenón A. Biagosch Director de la Escuela de Negocios de la UCA
Lograr resultados significativos y sustentables en la difícil tarea de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero, tiene una primera condición necesaria: que el Estado y la sociedad civil asuman una voluntad política persistente, explícita y conciente en tal sentido.
Ya en 1997 cuando promovimos la integración de Argentina al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo hicimos con la intención de que, frente a un fenómeno transnacional, adoptáramos políticas nacionales consensuadas y de alcance estratégico, que fueran sustentables y no espasmódicas y, trascendiendo lo coyuntural, permitieran prevenir y combatir con eficiencia el lavado de dinero.
A casi quince años del inicio de esa gestión no sólo no hemos logrado aún esa meta sino que, por el contrario, desde que la República Argentina ingresó como miembro pleno del GAFI en el año 2000 y, en particular desde que recibió su primera evaluación en el 2003, se ha transformado casi en una constante que nuestro país esté bajo permanente cuestionamiento de dicho organismo internacional.
Habría que preguntarse si tal circunstancia sólo se debe a razones estrictamente políticas o si también se funda en inconsistencias técnicas de nuestro sistema jurídico-administrativo de contralor. Seguramente ambos aspectos -políticos y técnicos-inciden en causar dicha situación indeseable. Resulta entonces aconsejable que nuestra respuesta atienda ambas cuestiones.
En esa perspectiva vale reconocer como un hecho político/institucional, digno de destacar y movilizador de los distintos sectores involucrados, lo actuado por quienes hoy conducen la Unidad de Información Financiera (UIF). En tal sentido cabe mencionar al proyecto de ley en tratamiento parlamentario, el dictado del Decreto 1936/10 ampliatorio de las facultades de la UIF, algunas de las Resoluciones recientemente dictadas por ese organismo que regulan sectores involucrados en la ley nunca antes reglamentados y la puesta en marcha del régimen penal-administrativo establecido en la legislación vigente.
Esas iniciativas, de carácter más político que técnico, deben complementarse con componentes de rigurosa visión técnica que generen confiabilidad suficiente para lograr la necesaria colaboración del sector privado, sin afectar el normal desarrollo de los negocios realizados con honestidad y decencia.
Esos componentes, siguiendo la tendencia internacional, deberían adecuar el tipo penal vigente otorgando autonomía al delito del lavado respecto de la conducta ilícita originante del dinero, que también permita sancionar al lavador que haya participado del delito originante (autolavado).
Esta nueva figura debe privilegiar al “orden económico” como bien jurídico a tutelar y dotar al Poder Judicial de una herramienta eficaz para lograr sanciones. Serán los especialistas en derecho penal los responsables de lograr esta necesaria adecuación a nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo se debe implementar un régimen de contralor consensuado, equilibrado e independiente de cuestiones políticas. El mismo debe incorporar un amplio acuerdo público-privado acerca de las normas aplicadas por la UIF, los mecanismos para supervisarlas, las sanciones administrativas por su incumplimiento y la promoción de la acción penal por parte del Ministerio Público y la Justicia.
Esta es la tendencia internacional avalada por el GAFI y sus adherentes a fin de lograr que el mundo del delito no adquiera el poder económico que les permita condicionar las voluntades de los Estados.
Una señal de esa tendencia fue la iniciativa de la Santa Sede expresada en el Motu Proprio de S.S. Benedicto XVI, dado el 30 de diciembre de 2010, mediante el cual se establecieron nuevas leyes para la prevención del lavado de dinero, aplicables al Estado Vaticano.
Este justo equilibrio entre la voluntad política y la efectividad técnica es lo que el mundo nos reclama si pretendemos estar entre las naciones líderes en esta materia. Se evitará así que paguen justos por pecadores.