COLUMNA DE OPINION

La fuga de capitales, el endeudamiento del estado y el blanqueo son conceptos que no se encuentran ajenos a la desafiante historia económica argentina.

No vamos a detenernos en analizar los pros y los contras de las políticas que oportunamente le dieron origen, sino que las utilizaremos como disparadores para reflexionar sobre nuestro presente, relacionándolo con el gran impacto de la reciente y tan ansiada “salida del default” y el reciente anuncio del ministro de hacienda y finanzas sobre que en el corto plazo avanzaremos en una ley de exteriorización de activos (blanqueo).

Durante los últimos años y en particular a partir del denominado “cepo cambiario”, se han fugado del país miles de millones de dólares. El monto acumulado por la formación neta de activos externos de libre disponibilidad del sector privado no financiero (fuga de capitales) correspondiente al periodo 2002 al 2015 asciende a 107.151 millones de dólares según publicaciones del BCRA.

Mucha de esta fuga va a parar a las tradicionales cajas de seguridad, otros utilizan métodos más riesgosos como “guardarlo bajo el colchón” y por otra parte algunos decidieron visualizar en los paraísos fiscales, una posibilidad.

Cuántos de los millones de dólares que han salido de nuestro país por múltiples razones se encuentran depositados en aquellos países donde los beneficios fiscales a los extranjeros desalientan su inversión en el propio país.

Se estima que el dinero administrado vía los denominados paraísos fiscales ronda entre los 21 y 32 billones de dólares (según Tax Justice Network). Dicha ONG posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8 en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Según el informe habría 400 mil millones de dólares en manos de argentinos en estos países.

A partir de ello, nos preguntamos cuánto dinero de los argentinos (declarado y no declarado) podría estar depositado en las sucursales de los principales bancos del mundo ubicados en los paraísos fiscales.

Por otra parte, durante este mes el país ha salido del “default”. Luego de la colocación de la deuda a través de la emisión de títulos públicos por un total de 16.500 millones de dólares, sorpresivamente a través de los medios de comunicación, nos encontramos con la noticia que la demanda fue de 67 mil millones de dólares.

Más allá de verlo como un logro y de un cambio drástico en cuanto a la reacción favorable de los mercados, habría que preguntarse también si parte del dinero originado o proveniente de la evasión fiscal se encuentra financiando activos públicos argentinos que cotizan en los mercados internacionales. De cumplirse esta hipótesis estaríamos financiándonos con reinversiones (dinero origen argentino) pagando además una tasa entre el 6 u 8%.

En ese sentido pareciera prudente emitir deuda sólo para las necesidades más apremiantes mientras encontramos los mecanismos para la repatriación de las sumas oportunamente fugadas.

Es hora de pensar en una adecuada Ley de Blanqueo que contemple pautas objetivas para la confianza de los interesados. Debe estar basada fundamentalmente en una política efectiva de prevención de lavado, dándole la posibilidad de exteriorizar sus activos sólo a los ciudadanos que puedan demostrar la legitimidad de su origen, evitando así la posibilidad de que el crimen organizado interfiera en el orden institucional y en la economía formal.

La realidad es que hay una necesidad imperiosa de incrementar las arcas del estado y orientar las políticas hacia los lineamientos internacionales de trasparencia fiscal (OCDE).

La confianza y la formalización de la economía es un eje fundamental para el éxito del país y el aumento del bienestar social.

Fernando Di Pasquale

Director UCA