COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza los datos de Transparencia Internacional y sostiene que un gobierno abierto que permita que el público pueda asignar responsabilidad a los líderes y donde existan órganos de control fuertes son algunos de los factores claves que pueden ayudar a combatir la corrupción. Sostiene que el mayor desafío para los próximos años a nivel mundial es reconstruir la confianza. | 08/03/2016

Lamentablemente el grado de corrupción a nivel internacional es excepcional y en los últimos años viene creciendo pese a las distintas iniciativas que se han desarrollado para combatirlo, de las multas millonarias que han tenido que pagar algunas corporaciones y de los daños reputacionales que han tenido que soportar.

En palabras recientes del papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta, “la corrupción es el pecado más actual que tiene la persona que posee autoridad sobre los demás, ya sea económica, política o eclesiástica. Todos somos tentados por la corrupción. Es un pecado al alcance de la mano. Porque cuando uno tiene autoridad se siente poderoso, se siente casi Dios”.

“Si hablamos de los corruptos políticos o de los corruptos económicos, ¿Quién paga esto? Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no reciben cura, los niños sin educación. Los pobres son los que pagan la corrupción: pobres materiales y pobres espirituales”, resumió el papa, quien concluyó afirmando que “el único camino para salir de la corrupción es el servicio, la caridad humilde para ayudar a los demás”.

En un plano más específico, ese crecimiento de la corrupción se relaciona con la degradación empresarial y estatal que quedó en evidencia a partir de la crisis financiera internacional y en nuestro caso particular desde los últimos 10 años, período en el que se denotó una falta de cumplimiento de las normas, de los estándares éticos y una carencia de controles por parte de organismos del estado que debieran tener esa responsabilidad. Un buen ejemplo es lo que hizo y sobre todo lo que no hizo la Oficina Anticorrupción en estos años.

Hace casi dos mes atrás se publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción de 2015” que elabora Transparencia Internacional y demuestra claramente que este delito sigue siendo una plaga en todo el mundo, tal cual lo definió el Presidente de esta organización. El informe indica que el 70% de los países del mundo tiene un grave problema de corrupción. Dos tercios de los 168 países poseen un índice por debajo de 50 (la escala va de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación y cuanto más cerca a 0 es la peor). El informe es claro y trasmite que la corrupción no sólo es potestad de los países pobres, sino que la mitad de los países en el G-20 se encuentra en este grupo de los debajo de 50 puntos. Desde ya que nosotros nos ubicamos ahí.

Los países con mejor desempeño en la lucha contra la corrupción comparten ciertos rasgos característicos que incluye, entre otros: altos niveles de libertad de prensa, transparencia presupuestaria para que el público sepa de dónde viene el dinero y cómo se gasta, líderes políticos con integridad y absoluta independencia y un sistema judicial imparcial.

Por el contrario, los países considerados más corruptos también tienen un número sorprendente de patrones tóxicos en común, que incluye a: regiones sacudidas por conflictos y guerras, un mal gobierno o deficiente en materia económica en los últimos años, instituciones públicas débiles, un poder judicial poco independiente y la falta de independencia y protecciones para los que están en los medios de comunicación.

Un gobierno abierto que permita que el público pueda asignar responsabilidad a los líderes y donde existan órganos de control fuertes son algunos de los factores claves que pueden ayudar a combatir la corrupción. En contraste, la falta de castigo para los actos de corrupción e instituciones públicas que no responden a las necesidades de los ciudadanos fomentan la degradación y causa un gran daño al país. Necesitamos actuar rápido para no caer en ese común denominador.

Ahora bien, el problema de la corrupción no es sólo de los países, este delito no es unilateral o no tiene un sólo protagonista, sino que siempre está la connivencia de las empresas/organizaciones. Aquí es donde el soborno pasa a ser el nuevo protagonista.

Desde hace años se vienen desarrollando estándares para combatir el soborno, como por ejemplo las normas emitidas sobre este asunto por la OCDE, Transparencia Internacional y la Cámara de Comercio Internacional, entre otras.

Tal vez la OCDE fue la pionera ya que su “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” fue la piedra fundamental firmada por los países miembros en el año 1999. Al suscribir esta convención, los 41 estados de la OCDE se obligan a establecer y hacer cumplir leyes que tipifican el cohecho como delito grave.

A pesar de los años transcurridos desde la firma del convenio, la OCDE en su último informe sobre corrupción 2014, indica que en promedio los sobornos representan el 10,9% del monto total de una operación.

Otro de los problemas que plantea el informe es que la duración promedio para concluir los casos de soborno internacional es de 7,3 años, lo que equivale en nuestro país a casi dos mandatos presidenciales. Obviamente esto indica que todavía las herramientas para combatir la corrupción no son del todo efectivas. Seguramente y sin entrar en detalle en determinadas causas, en nuestro país superamos con creces el promedio internacional y por ello debemos considerar la propuesta de modificación legislativa sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Las empresas que más frecuentemente han sido sancionadas por soborno son aquellas cuyas actividades están relacionadas con la industria de minería y petróleo (extracción) con el 19% (el mejor ejemplo es Petrobras y es dable destacar que no está incluido en este reporte porque el caso es posterior a su publicación) y la construcción (15%), vinculadas con contratos de obras públicas.

El punto más crítico desde el ámbito privado es que en la mayoría de los casos del estudio, quien participó o intervino en actos de corrupción es la Alta Gerencia (gerentes + directores ejecutivos) con el 53% de los casos, lo que rompe el mito del empleado aislado que toma la decisión.

Esto nos hace pensar si los gobiernos no debieran dar prioridad a la concientización de los altos funcionarios de las organizaciones (privadas y del estado), estableciendo la obligación de desarrollar políticas internas anticorrupción y controles específicos que vigilen que dichas políticas se cumplen. Sería la base para comenzar a erradicar o disminuir prácticas corruptas.

Sin lugar a dudas, la corrupción y la percepción de la corrupción deterioran la confianza no solo de los gobiernos sino también de las empresas y de los mercados. Y tal vez el mayor desafío para los próximos años, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, es más que nunca reconstruir esa confianza.

Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento económico ni ampliación de las fuentes de trabajo. Por lo que puede decirse que sin confianza no habrá el desarrollo sustentable, integral e integrador que haga posible la vigencia del bien común.

Fernando Di Pasquale

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