COLUMNA DE OPINION

Por Dr. Fernando Di Pasquale | Preocupa cada vez más el crecimiento del narcotráfico en Argentina. Pese a ello, se advierte que el país no cuenta con cifras actualizadas sobre el consumo de drogas y por ende se hace muy difícil abordar esta problemática. Al no poder estimarse cuánto genera la comercialización de drogas ilícitas, se hace casi imposible calcular el lavado de activos proveniente del narcotráfico y dimensionar el negocio de los narcos en el plano local. Algunas de las acciones necesarias para encontrar el rumbo. | 25/03/2014

Las noticias sobre el narcotráfico en nuestro país en los últimos meses se encuentran presentes en los titulares de los principales diarios, son protagonistas de las secciones de diversos programas de política/actualidad, y conforman la agenda de distintos seminarios sobre prevención de lavado de activos.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina de noviembre de 2013 se refirió a este flagelo, emitiendo un documento titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, donde se destaca la preocupación sobre el crecimiento del narcotráfico en Argentina.

En la apertura del año judicial en el Palacio de Tribunales también el presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo una referencia sobre el tema y dijo nada más y nada menos que “el narcotráfico afecta el Estado de derecho”.

Si bien todos hacemos referencias a este flagelo, lo increíble es que no contamos con cifras actualizadas sobre el consumo de drogas en nuestro país y por ende se hace muy difícil abordar esta problemática y estimar cuánto genera la comercialización de drogas ilícitas. Esto hace casi imposible estimar el lavado de activos proveniente del narcotráfico y hasta dimensionar cuál es el negocio de los narcos en nuestro país.

El último estudio nacional de orden público realizado por el “Observatorio Argentino de Drogas – SEDRONAR” en el segmento de población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas es del año 2010. Dicho estudio se realizaba recurrentemente cada 2 años desde 1999.

No caben dudas que Argentina es un país de consumo creciente de drogas como la marihuana, cocaína, paco, crack y éxtasis – en ese orden – según cifras que surgen de los estudios desde el 2004 al 2010. Preocupante es que este crecimiento se ve acompañado por una alta percepción de facilidad de acceso y de oferta directa.

Ahora bien, estimar el tamaño de los mercados de drogas a nivel global y local representa un gran desafío. Según estimaciones de la ONU, las ventas totales de droga a nivel minorista suman aproximadamente USD 320.000 millones y de este total calcula  que las ganancias anuales de las drogas en las Américas son un poco menos de la mitad del total global. América del Norte ocupa un porcentaje dominante en el total del hemisferio.

Indudablemente es considerado el delito precedente al lavado de activos que mayores ganancias ilícitas genera, con un impacto social/económico devastador.

En nuestro país, las estimaciones sobre el producido por la venta de drogas es aún más difícil de calcular atento que como mencionáramos anteriormente, los estudios no están actualizados. Las últimas estimaciones dispobibles de la SEDRONAR respecto al mercado de drogas datan del año 2006. Allí se estimaba que la comercialización de marihuana alcanzaría un total de más de $ 310 millones al año, otros $ 347 millones producto de la cocaína y por consumo de pasta base (paco) sería de $ 19 millones de pesos. Un total estimado de $ 676 millones.

Obviamente son cifras del 2006, con precios por dosis totalmente desactualizados (hoy podría ser más del doble) y con un consumo creciente tal cual surge de lo mencionado en los estudios al 2010.

Estas cifras, más las tendencias crecientes relacionadas con el consumo de drogas, nos plantean múltiples interrogantes y al menos amerita la realización de un estudio profundo y actualizado a partir del cual debiéramos al menos pensar en cuál debe ser el rumbo de la política del Estado ante este flagelo, preguntarnos por qué razón nuestro país es atractivo para los narcos (al menos en los últimos años) y en qué medida el sector privado (sujetos obligados) puede colaborar aún más con el Estado en la aplicación de medidas contra el lavado de activos proveniente de este delito.

Nos debemos una reflexión sincera para lograr un cambio de rumbo tanto a nivel estatal como a nivel de la sociedad.

La coordinación de políticas nacionales, diagnósticos reales basados en estadísticas actualizadas para la toma de decisiones, la reducción de la informalidad económica, la eficiencia de la justicia penal, el control eficiente de las fronteras, una mayor transparencia y disminución de la corrupción, mecanismos efectivos de decomiso y confiscación de bienes, el monitoreo permanente de los sectores más vulnerables de la sociedad, son algunas de las acciones necesarias para encontrar el rumbo.

Desde ya que el desafío es muy grande, pero con convicción y determinación política es posible.  Sólo hay que pensar en el bienestar de nuestras futuras generaciones.