COLUMNISTAS 20.11.15 | 00:00

Zenón Biagosch, FIDESnet. Ex Director BCRA

Pareciera haber consenso acerca de la implementación de un nuevo mecanismo de “blanqueo” como una de las tantas medidas a adoptar para retornar al orden macroeconómico. Si esto fuera así, es importante no cometer los mismos errores de los mecanismos ofrecidos en 2008 y 2012.
Son muchas las estimaciones acerca de la cantidad de ahorro que los argentinos poseen fuera del circuito formal o productivo. Los hay en pesos y en moneda extranjera, en el país y en el exterior, declarados y no declarados. Pero lo cierto es que no están ni bancarizados ni volcados en nuestro sistema de producción de bienes y servicios. El universo a seducir, en particular de la masa no declarada, es muy importante aumentando así las chances de éxito.

Antecedentes y requisitos internacionales

A partir de la crisis financiera mundial son muchos los países que han adoptado este tipo de herramientas. Esa tendencia motivó a que organismos internacionales como el GAFI definieran exigencias al momento de diseñar estas legislaciones. Lo que principalmente se requiere es mantener la estricta aplicación de la normativa sobre prevención de lavado de dinero a efectos de verificar la legalidad del origen de los fondos, más allá que los mismos no hayan sido declarados ante el fisco. El objetivo es evitar un mal uso de estas herramientas para que no se filtre dinero proveniente de la comisión de delitos graves. En síntesis se puede exteriorizar activos no declarados, pero de origen legal. Algo así como: dinero negro si, dinero sucio no.
En nuestro país, aparte de recaudar y promover la generación de empleo por medio de la inversión en el sector productivo, es imperante aumentar la oferta de moneda extranjera y recomponer el nivel de reservas internacionales.
En el mundo en cambio, el objeto casi excluyente de estos procesos es aumentar la recaudación fiscal, siendo en ciertos casos suficiente con la mera declaración del activo sin tener que movilizarlo. En cambio, nuestra realidad obliga a una necesaria intervención del sistema financiero para llevar a cabo ciertas acciones y así poder implementar el blanqueo. Aquí será la banca la que deberá aplicar los recaudos exigidos.
El éxito de este nuevo programa depende de poder establecer pautas claras y objetivas de actuación para otorgar tranquilidad tanto a los intermediarios financieros como a los interesados en exteriorizar.
Los sujetos interesados en exteriorizar deberán cumplir, entre otros, con dos requisitos esenciales:
1-Demostrar haber realizado una actividad económica durante un período de tiempo a determinar, correctamente declarada y en situación regular ante el fisco. De esta forma se podría verificar la existencia de una actividad legal regulada y supervisada por la AFIP.
2-Haber estado bancarizado durante dicho lapso siendo que esto permitiría corroborar que la actividad en cuestión fue sujeta de control y aplicación de la normativa anti lavado.
Verificadas tales condiciones, se podría aplicar a los ingresos declarados en dicho período una tasa presunta de evasión a fin de calcular el porcentaje máximo de esos ingresos susceptibles de ser blanqueados.
Existen muchos estudios internacionales sobre informalidad y evasión en nuestro país y la región, que podrían utilizarse como antecedente para definir dicha “tasa de evasión presunta”. Como los más representativos podríamos mencionar a los publicados por Tax Justice Network, CIAT, CEPAL, BID y Banco Mundial. Los mismos estiman y concuerdan que los ratios de evasión al impuesto a la renta en nuestra plaza podrían rondar entre un cuarenta y un cincuenta por ciento. Estas particularidades hacen que nuestro modelo sea mucho más complejo de implementar y por ende también más difícil de explicar ante los organismos de fiscalización internacional, tal es el caso del GAFI. Esto no admite improvisaciones si pretendemos regenerar las condiciones de confianza suficientes para que el ahorro de los argentinos, declarados o no, se canalicen hacia la inversión tan deseada.